El Palacio de Hacienda, bajo la conducción de Luis Caputo, aplicó en abril uno de los recortes del gasto más fuertes del último año en Argentina. Según datos oficiales analizados por la consultora Analytica, la poda del gasto devengado fue del 5,7% interanual, acumulando una caída del 4% en el primer cuatrimestre.

La estrategia del Gobierno para sostener el superávit fiscal frente a menores ingresos se concentró en áreas sensibles. Las transferencias a provincias registraron un derrumbe real del 53,7%, mientras que los programas sociales —excluyendo la AUH— cayeron un 37,3%. La obra pública también sufrió un recorte del 15,7% en términos reales durante el mes.

En el ámbito educativo, las universidades nacionales enfrentan una situación crítica. Las transferencias se mantienen en niveles mínimos históricos, ubicándose un 31,6% por debajo de los valores de 2023, lo que agrava el funcionamiento de estas instituciones.

Sin embargo, el ajuste convive con una paradoja en los subsidios energéticos. A pesar de los aumentos de tarifas, esta partida creció un 38,7% real entre enero y abril, impulsada por un salto del 112,9% en energía, debido a la brecha entre costos y tarifas y a la compra de gas para el invierno.

El objetivo de sostener un superávit primario del 1,4% del PBI, comprometido con el FMI, sigue siendo un desafío. Economistas advierten que la recesión y nuevas presiones fiscales podrían complicar la meta en los próximos meses.