El Gobierno de Córdoba formalizó este lunes la implementación de un sistema para recuperar gastos generados por amenazas y hechos de violencia en escuelas. La medida entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

La iniciativa apunta a responder al aumento de falsas alarmas y situaciones de riesgo que obligan a desplegar operativos costosos. Desde ahora, quienes provoquen estos incidentes deberán hacerse cargo del impacto económico que generan al Estado provincial.

El esquema fue anticipado por el ministro Juan Pablo Quinteros y quedó respaldado con la aprobación del “Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos”. La normativa fija el procedimiento administrativo para reclamar los costos a los responsables o a sus representantes legales.

El proceso se activa con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que identifica a los autores. Luego, la Provincia determina los gastos del operativo mediante un expediente detallado y exige el pago en un plazo de cinco días. Si no se cumple, interviene la Fiscalía de Estado para avanzar judicialmente.

El protocolo incluye costos de personal policial, servicios de salud, brigadas especiales y logística utilizada. Con esta medida, Córdoba busca desalentar falsas amenazas y garantizar un uso responsable de recursos que impactan directamente en el funcionamiento del sistema educativo.